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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acaba de dar un paso que muchos califican como histórico: las empresas que operan en los sectores petrolero, gasífero, petroquímico, minero y de telecomunicaciones en Venezuela ya no estarán obligadas a regir sus contratos bajo las leyes de un estado de Estados Unidos. La medida, anunciada este 27 de agosto, surge tras las reformas legales que el gobierno de Nicolás Maduro impulsó desde enero para atraer inversión extranjera. Pero ojo: no todo es flexibilización. Las criptomonedas siguen fuera de juego.
📊 ¿Qué cambió exactamente?
La OFAC modificó las Licencias Generales 46D y 47B, entre otras, para eliminar la exigencia de que los contratos se interpreten conforme a la legislación de un estado estadounidense. Ahora, las partes pueden pactar que la ley venezolana gobierne sus acuerdos. Esto es un guiño directo a las reformas impulsadas por Caracas, que buscan ofrecer mayores garantías jurídicas a los inversores internacionales.
Sin embargo, el comercio P2P sigue siendo un punto sensible: las disputas deberán resolverse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Nada de tribunales venezolanos para dirimir conflictos, al menos por ahora. La OFAC insiste en que la resolución de controversias debe llevarse a cabo fuera del país para proteger a las empresas estadounidenses.
📈 Cripto: el veto que no se toca
Uno de los puntos que más nos interesa en PitbullChain es el referido a los pagos. La OFAC mantiene la prohibición de considerar como “válidos” ciertos mecanismos de pago: el canje de deuda, el pago en oro y, atención, el pago en monedas digitales. Esto significa que, aunque los contratos puedan regirse por ley venezolana, las transacciones con criptomonedas para estos sectores estratégicos siguen bloqueadas.
¿Qué implica esto para el mercado P2P venezolano? A corto plazo, poco. Porque el veto ya existía y las licencias no abren la puerta al uso de USDT en transacciones petroleras. Pero sí marca un techo: el gobierno de EEUU no está dispuesto a que las cripto se conviertan en un canal para evadir el bloqueo financiero. Para los usuarios de a pie, esto no cambia la realidad del P2P, donde el USDT sigue siendo la moneda de refugio por excelencia.
🔎 ¿Y el dólar?
La noticia sí podría tener un efecto indirecto en el mercado cambiario. Si estas licencias logran atraer inversión real a sectores clave, Venezuela podría recibir un flujo mayor de dólares frescos. Eso incentiva al Banco Central de Venezuela (BCV) a intervenir más fuerte en el mercado, lo que podría frenar la depreciación del bolívar y, en teoría, reducir la presión alcista sobre el tipo de cambio.
Pero aquí hay que ser realistas: la falta de pagos en cripto y las restricciones en oro limitan las opciones de monetización. Además, los dólares que entren no necesariamente llegarán al mercado paralelo. Si el gobierno logra estabilizar la economía, es posible que la demanda de USDT como cobertura baje temporalmente. Sin embargo, la desconfianza en el sistema bancario nacional sigue siendo el motor del P2P venezolano.
💰 Reformas legales: el intento de seducir al capital extranjero
La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos es la joya de la corona. Permite que empresas privadas y extranjeras tengan mayor control operacional y comercialicen directamente, rompiendo el monopolio de PDVSA. También flexibiliza impuestos y regalías, y crea mecanismos de comercio P2P independientes. De aprobarse, sería un cambio estructural con impacto en la economía.
En el sector minero se prepara una reforma similar, con la idea de agilizar concesiones en el Arco Minero y ofrecer esquemas mixtos atractivos. Claro, todo bajo estándares de trazabilidad, que en la práctica son difíciles de cumplir mientras no exista un sistema financiero sólido. Aquí el USDT podría jugar un rol, pero por ahora la OFAC no lo permite en estos contratos.
🛡️ ¿Qué sigue para los inversores?
Desde PitbullChain vemos esta medida como un paso tímido pero significativo. La eliminación de la ley estadounidense en los contratos reduce fricciones, pero el comercio P2P internacional en foros como Nueva York o Londres sigue siendo un obstáculo para las empresas pequeñas. Además, el pago obligatorio de ciertos fondos al Tesoro de EEUU genera desconfianza: cualquier inversionista querrá saber que su dinero no quedará congelado.
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Washington movió otra pieza en el tablero energético y, como casi siempre, la onda expansiva llega hasta el mercado paralelo venezolano. El 14 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la **Licencia General N.º 52C**, un texto que reemplaza a la 52B y que amplía el oxígeno jurídico para que compañías estadounidenses hagan negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales con al menos 50% de capital accionario.
## Qué habilita realmente la 52C
El documento no es un cheque en blanco, sino un corredor delimitado. Las autorizaciones aplican únicamente a entidades de EE.UU. constituidas en o antes del 29 de enero de 2025, las cuales podrán entablar y ejecutar relaciones comerciales o contractuales con Pdvsa dentro de los marcos previstos, dejando atrás varias prohibiciones de las órdenes ejecutivas 13884 y 13850.
El detalle fino está en el dinero. Todo pago dirigido a personas u organismos bloqueados debe canalizarse a través de los **Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros** bajo la Orden Ejecutiva 14373, o en las cuentas que designe el Tesoro. Solo escapan de esa exigencia los pagos por impuestos, permisos o tasas locales.
Además, cualquier contrato firmado al amparo de esta licencia debe incluir cláusulas que fijen el arbitraje y la resolución de litigios en jurisdicciones de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Y las exportaciones de crudo o petroquímicos venezolanos hacia destinos distintos de EE.UU. requerirán informes detallados ante el Departamento de Estado y el Departamento de Energía.
## El veto cripto que nadie debe pasar por alto
Aquí es donde PitbullChain pone la lupa. La 52C mantiene una prohibición explícita: **no se autorizan pagos en criptomonedas ni en tokens emitidos por Venezuela**. Tampoco canjes por deuda, operaciones en oro ni condiciones comerciales que el Tesoro considere irrazonables.
Traducido al día a día: cualquier operación petrolera o comercial que pretenda cerrarse con un token de emisión estatal queda fuera de la cancha. No es una sorpresa, pero sí un recordatorio de que el ecosistema cripto venezolano tiene una línea divisoria clara entre lo que se emite desde el Estado y lo que circula libremente en el mercado global.
La licencia también prohíbe transacciones con personas, empresas o joint ventures vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, y bloquea cualquier cambio que altere la junta directiva, gerencia o gobernanza de CITGO Petroleum, Citgo Holding o PDV Holding. Tampoco autoriza liquidar bonos soberanos o de Pdvsa, ni ejecutar embargos, laudos o sentencias contra activos bloqueados.
## Qué significa para el P2P y los usuarios de USDT
Para el mercado _peer to peer_ venezolano el mensaje es agridulce. Por un lado, el veto a los tokens de emisión local consolida al **USDT** como la referencia práctica para quien necesita mover valor sin fricción regulatoria: no es un token venezolano, no está emitido por el Estado y sigue siendo la moneda de facto de las mesas P2P en bolívares.
Por el otro, el hecho de que los pagos ligados a Pdvsa deban pasar por cuentas oficiales del Tesoro reduce el espacio para que el cripto se cuele como mecanismo de liquidación en el circuito petrolero. Es decir: menos cripto en el negocio energético formal, pero el mismo cripto —o más— en la economía real del día a día, donde el USDT resuelve remesas, pagos a proveedores y resguardo de valor frente al bolívar.
Ojo con un matiz importante: la licencia no toca ni prohíbe el P2P entre particulares. El riesgo no está en vender USDT por VES, sino en intentar usar cripto como canal de pago para operaciones alcanzadas por las sanciones. Ahí la exposición para mesas, comercios y exchanges locales puede ser real, sobre todo si alguna contraparte estadounidense participa en la cadena.
## Dólar, BCV y la brecha que no se cierra
En el plano cambiario, una flexibilización petrolera suele alimentar la expectativa de mayor ingreso de divisas. Si esa expectativa se materializa, el BCV gana algo de aire para intervenir y contener la cotización oficial. Pero la experiencia venezolana enseña que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo responde más a la liquidez real y a la demanda de protección de los ahorristas que a los anuncios.
Mientras esa brecha persista, el P2P seguirá funcionando como termómetro: cuando la presión sube, la cotización del USDT en bolívares se despega primero y arrastra después al resto del mercado.
## Banca digital y cumplimiento: la letra pequeña
Para la banca venezolana y las fintech que operan con corresponsalía internacional, la 52C es una señal de doble filo. Reactiva la posibilidad de relacionamiento comercial con filiales de Pdvsa, pero exige _compliance_ quirúrgico: documentar el origen de fondos, verificar listas de la OFAC y blindar los contratos con cláusulas arbitrales válidas.
Las plataformas de cambio y los operadores P2P deberían leer la licencia como una invitación a reforzar sus políticas KYC/AML. Un expediente ordenado no solo protege a la mesa; también le abre la puerta a bancos que hoy miran con lupa cualquier flujo vinculado a criptoactivos.
## Lo que viene
La 52C dibuja un canal regulado, no una apertura total. Washington quiere petróleo venezolano circulando bajo su radar y, al mismo tiempo, mantener el cerco financiero intacto. Para el ecosistema cripto local el mensaje es claro: el USDT y el P2P seguirán siendo el pulmón de la economía cotidiana, pero cualquier intento de mezclarlos con operaciones sancionadas será terreno minado.
En PitbullChain seguiremos monitoreando cómo esta licencia mueve el dólar, la banca y las mesas P2P en las próximas semanas.
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el sector
El presidente del gremio, Luis Rojas Machado, indicó que las licencias emitidas por la administración estadounidense ayudarán a la renovación del parque industrial minero.
El presidente de la Cámara Minera de Venezuela (CVM), Luis Rojas Machado, se refirió a la reciente modificación de licencias para el sector minero por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., aseverando que aunque son positivas, no son suficientes para una reactivación total del sector.
Rojas Machado indicó que las tres licencias que permiten las operaciones comerciales, suministro de servicios e inversiones internacionales con empresas estatales como Carbozulia y Minerven, con entidades estadounidenses «son positivas porque el parque industrial minero está bastante destruido, entonces hay que renovarlo».
Agregó que esto permitirá la importación y la reparación de tecnología, lo cual calificó como fundamental, pero recalcó que se requiere avanzar con celeridad en una reestructuración para tener una base jurídica sólida ante la llegada de inversiones internacionales.
En ese sentido, apuntó que las licencias «no extraen mineral ni producen una tonelada», por lo que persisten «problemas de fondo» como «la gobernanza, la falta de seguridad jurídica, la falta de transparencia», dijo en entrevista para Unión Radio.
El 2 de septiembre, la OFAC emitió las Licencias Generales 51D, 54C y 55A, las cuales modifican el alcance de las sanciones aplicables a la industria del carbón y los minerales en Venezuela, incluido el oro.
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Este miércoles 2 de septiembre, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió tres nuevas licencias generales que flexibilizan las sanciones sobre el sector minero venezolano. Las licencias 51D, 54C y 55A abren la puerta a operaciones comerciales, inversiones y suministro de servicios con empresas estatales como Carbozulia y Minerven, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Para el ecosistema P2P y de criptomonedas en Venezuela, esta noticia tiene aristas importantes que van más allá del simple levantamiento de restricciones: habla de supervisión, exclusión de actores globales y, sobre todo, del papel que jugarán (o no) los activos digitales en la nueva etapa.
## ¿Qué dicen exactamente las nuevas licencias?
La Licencia General 51D autoriza la exportación, reexportación, compra, venta, transporte y refinado de carbón y minerales de origen venezolano. Todo pago a entidades sancionadas debe hacerse a través de los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, una especie de cuenta bloqueada que evita la transferencia directa de divisas sin supervisión de Washington. Además, cualquier disputa deberá resolverse en tribunales de EE. UU., Reino Unido, Francia o Singapur.
La LG 54C permite la provisión de bienes, servicios, tecnología, software y mantenimiento para exploración y procesamiento minero, pero exige a las empresas reportar cada 90 días ante el Departamento de Estado y el Departamento del Interior, con detalles de partes involucradas, volúmenes, montos e impuestos pagados.
Por su parte, la LG 55A da luz verde a la negociación de acuerdos de intención, memorandos de entendimiento y ofertas de licitación para futuras inversiones o _joint ventures_, pero condiciona la ejecución a una autorización específica adicional de la OFAC.
## El ángulo P2P: ¿qué cambia para los mineros y el mercado local?
Históricamente, la minería de oro y otros minerales en Venezuela ha tenido un vínculo estrecho con el comercio P2P. En zonas como el Arco Minero del Orinoco, la falta de acceso a la banca tradicional y la hiperinflación llevaron a que muchos actores usaran criptomonedas (USDT, sobre todo) como medio de intercambio para pagar insumos, servicios y hasta la nómina de los trabajadores. Además, los mineros suelen vender su producción a través de intermediarios que finalizan en casas de cambio digitales.
Sin embargo, las nuevas licencias traen una advertencia clara: **prohíben pagos en criptomonedas o tokens emitidos por el gobierno venezolano, incluido el Petro**, y también bloquean canjes de deuda o pagos en especie. Esto no prohíbe el uso de BTC, USDT u otras criptomonedas por parte de empresas privadas, pero sí deja claro que OFAC prefiere transacciones bancarias tradicionales y rastreables. ¿Qué puede significar esto en la práctica? Posiblemente una limitación para los pequeños productores que dependen del P2P para liquidar sus operaciones, ya que una empresa estadounidense o internacional que quiera invertir en el sector exigirá el cumplimiento estricto de las condiciones de la licencia, lo que podría alejar a los actores informales.
## Restricciones geopolíticas: no todo está permitido
Las licencias mantienen la prohibición de cualquier transacción, alianza o refinado que involucre a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China. Esto es un golpe geopolítico importante, pues históricamente estos países (especialmente China) han tenido presencia en el sector minero venezolano. Para el mercado P2P, esta restricción significa que los intercambios que pasen por exchanges o billeteras con algún vínculo con estas naciones podrían quedar en una zona gris.
Asimismo, se prohíbe explícitamente el uso de criptomonedas o tokens emitidos por el Estado venezolano, una señal de que Washington sigue viendo con recelo cualquier intento de evadir el control financiero a través de activos digitales. Aquí la lectura para los usuarios de USDT es contundente: la flexibilización no implica una apertura irrestricta al mundo cripto, sino una reorganización de las reglas para que fluya capital internacional bajo la supervisión de Occidente.
## Efectos en el dólar, el BCV y las mesas de cambio
Para el venezolano promedio que sigue la tasa del dólar en paralelo o hace operaciones P2P en Bolívares, la noticia tiene un efecto indirecto pero tangible. Si la flexibilización minera atrae inversiones, podría aumentar la oferta de divisas en el país, aliviando la presión sobre el tipo de cambio. Sin embargo, el hecho de que los pagos estén bloqueados inicialmente en cuentas de OFAC significa que el ingreso de capitales no será inmediato, sino que dependerá de la implementación de proyectos autorizados y de la posterior repatriación de fondos.
En el corto plazo, lo más probable es que esta noticia alimente expectativas alcistas en el mercado local, pero no mucho más. El P2P seguirá gobernado por la oferta y la demanda real de bolívares, mientras que el BCV mantendrá su política de intervención. No esperamos una debacle ni una dolarización repentina, pero sí un mayor interés de distintos actores por posicionarse en el sector minero, lo que eventualmente podría mover la aguja en el flujo de criptomonedas hacia el sistema bancario tradicional, si es que la regulación estadounidense lo permite.
## ¿Qué significa esto para el usuario de USDT en Venezuela?
Para quienes hacen vida en el P2P comprando y vendiendo USDT a través de plataformas como Binance, LocalBitcoins o Paxful, la noticia tiene varias lecturas. Primero, que el gobierno de EE. UU. sigue reconociendo la minería venezolana como un sector estratégico, y eso podría revitalizar la economía de regiones enteras, aumentando la capacidad de pago en bolívares y en cripto. Segundo, que la prohibición del uso de criptomonedas en las operaciones mineras de gran escala no elimina el P2P, pero sí puede generar un crecimiento de la demanda de USDT por parte de pequeños mineros que no están sujetos a esas licencias y buscan una alternativa al sistema bancario.
Además, es importante recalcar que la OFAC se refiere específicamente a los tokens venezolanos como el Petro. Las criptomonedas de libre comercio como Bitcoin, Ether o USDT no están nominalmente prohibidas en las licencias, aunque sí se espera que las empresas estadounidenses eviten su uso para no violar las restricciones. Esto podría llevar a que el sector minero formal se desconecte cada vez más del ecosistema cripto local, empujando a los operadores informales a fortalecer sus redes P2P y creando dos mundos paralelos: uno supervisado por EE. UU. y otro sumergido en la economía digital.
## En conclusión: un paso limitado, pero relevante
La flexibilización de las sanciones para el sector minero venezolano es una señal de que Estados Unidos busca reconfigurar sus relaciones económicas con Venezuela a través de sectores clave como el oro y el carbón. Para el mercado P2P y los usuarios de USDT, la noticia no es una amenaza directa, pero sí un recordatorio de que el futuro de las finanzas en el país dependerá de la capacidad de adaptación frente a regulaciones internacionales cada vez más sofisticadas.
Mientras tanto, en las mesas de cambio digitales seguiremos monitoreando la evolución de estas licencias y su impacto en el flujo de dólares, bolívares y criptoactivos. La historia no termina aquí: el desarrollo de proyectos mineros bajo estas condiciones podría generar nuevas oportunidades de inversión en el país, pero también nuevas barreras para quienes han apostado por la libertad sin fronteras que ofrecen las monedas digitales. Lo que es seguro es que, en Venezuela, cada movimiento de OFAC se siente en el P2P, y este no será la excepción.
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Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. también emitió una licencia que permite el suministro a Venezuela de determinados artículos y servicios relacionados con las telecomunicaciones.
Este viernes 21 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió dos licencias: la Licencia General n.º 61, que autoriza «el suministro a Venezuela de determinados artículos y servicios relacionados con las telecomunicaciones» y la Licencia General n.º 62, que «autoriza la negociación y la celebración de contratos condicionales para inversiones en el sector de las telecomunicaciones de Venezuela».
De acuerdo con el documento emitido por la OFAC y publicado en su portal web, con la LG 62 la administración estadounidense autoriza todas las transacciones que involucren al Gobierno de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), que estén relacionadas con la negociación y celebración de contratos contingentes para nuevas inversiones en el sector de las telecomunicaciones de Venezuela, siempre que la ejecución de dicho contrato cuente con una autorización independiente de OFAC.
La autorización incluye «contratos ejecutables, facturas proforma ejecutables, acuerdos de principio, ofertas ejecutables susceptibles de aceptación (tales como licitaciones o propuestas en respuesta a concursos públicos), memorandos de entendimiento vinculantes o cualquier otro acuerdo similar».
A través de estos contratos se podrán establecer nuevos proveedores de servicios de telecomunicaciones en Venezuela, expandir las operaciones de telecomunicaciones existentes en el país y formar nuevas empresas conjuntas (joint ventures).
«A los efectos de esta licencia general, las telecomunicaciones incluyen datos, telefonía, conectividad a internet, radio, televisión, transmisiones de agencias de noticias y servicios similares, independientemente del medio de transmisión, incluida la transmisión por satélite o a través de cables submarinos», indicaron.
Alcance de la Licencia n.º 61
El documento emitido por la OFAC indica que, con la LG 61, la administración estadounidense autoriza transacciones que sean «ordinariamente incidentales y necesarias» para la prestación desde Estados Unidos, o por personas estadounidenses, de bienes, tecnología, software y servicios para la instalación, mantenimiento, reacondicionamiento, reparación, actualización, operación o soporte de telecomunicaciones en Venezuela, permitiendo operaciones con el Gobierno de Venezuela, incluidas la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la operadora estatal de telefonía móvil e Internet Movilnet.
«A los efectos de esta licencia general, las telecomunicaciones incluyen datos, telefonía, conectividad a internet, radio, televisión, transmisiones de agencias de noticias y servicios similares, independientemente del medio de transmisión, incluida la transmisión por satélite o a través de cables submarinos», indica el documento.
Asimismo, autoriza servicios relacionados con procesamiento de pagos, logística, seguros y transporte; acuerdos de interconexión y roaming; arrendamiento de capacidad e infraestructura; instalación, reparación y modernización de cables submarinos y redes; software y actualizaciones; servicios en la nube; almacenamiento y respaldo de datos; sistemas de monitoreo de redes; plataformas de facturación y servidores.
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Venezuela
Según el abogado José Ignacio Hernández, esta aclaratoria de la OFAC «podría abrir la puerta a que la ayuda financiera y los préstamos se envíen directamente al Gobierno de Venezuela».
Este viernes 17 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. aclaró que los fondos destinados como ayuda para las labores de socorro derivadas de la emergencia ocasionada tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio, podrán ser transferidos directamente al Gobierno de Venezuela.
A través de las preguntas frecuentes en el portal oficial de la OFAC, la institución planteó: «¿Exige la Licencia General 60 que los pagos al Gobierno de Venezuela se realicen en la Cuenta de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros (FGDF)?».
Al respecto, enfatizó que la Licencia General 60 autoriza todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro tras los terremotos en Venezuela, en virtud del Reglamento de Sanciones contra el país.
«Esto incluye el pago de impuestos, peajes y tasas al Gobierno de Venezuela vinculados a dichas labores de socorro. Los pagos relacionados con el socorro tras el terremoto autorizados por la LG 60 no tienen que efectuarse en la FGDF», acotaron.
Sin embargo, indicaron que se mantienen vigentes los requisitos establecidos en otras licencias generales relacionadas con Venezuela, entre las que mencionaron las 46C, 48B, 49A, 50B, 51B, 52A y 54A.
La OFAC establece que los pagos correspondientes a actividades que estén fuera del alcance de la Licencia General 60, pero que estén autorizados por otras licencias generales relacionadas con Venezuela y que incluyan el requisito de pago en la Cuenta de Depósito de Gobiernos Extranjeros (FGDF), «deben seguir realizándose en dicha cuenta; asimismo, no podrán reclasificarse como labores de socorro tras el terremoto ni modificarse de otro modo con el fin de eludir el pago en la FGDF».
De acuerdo con el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández, la aclaratoria emitida por la OFAC resalta que los pagos destinados a la ayuda tras el terremoto en Venezuela no tienen que efectuarse a través del FGDF.
A través de su perfil en la red «X”¿», Hernández indicó que esto «podría abrir la puerta a que la ayuda financiera y los préstamos se envíen directamente al Gobierno de Venezuela«.
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