El nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, no perdió tiempo en marcar una diferencia. En un país donde la corrupción ha carcomido la confianza pública durante décadas, su promesa más audaz no tiene que ver con castigos ni comisiones de ética, sino con tecnología: usar blockchain para limpiar el aparato estatal.
El anuncio, reportado por The Associated Press, llega tras su victoria sobre Jorge Quiroga por un 54,5% frente a un 45,5%. Paz asumirá el cargo el 8 de noviembre, heredando un país tensionado por la escasez de combustible y la falta de dólares. Pero más allá de los desafíos económicos, su plan apunta a algo más profundo: cambiar la forma en que el gobierno administra el dinero y los contratos.
Blockchain contra la discrecionalidad
El programa oficial de su partido, el Partido Demócrata Cristiano, propone introducir blockchain y contratos inteligentes en las compras públicas. En teoría, la idea es sencilla: automatizar procesos para eliminar la manipulación humana. Si los contratos se ejecutan de forma transparente y programada, el margen para el favoritismo o los sobreprecios se reduce drásticamente.
Pero la propuesta no se queda ahí. Paz también planea permitir que los ciudadanos declaren sus criptomonedas en un nuevo fondo de estabilización cambiaria, destinado a fortalecer las reservas y facilitar importaciones esenciales en medio de la escasez de dólares. Este fondo funcionaría como un colchón, aprovechando activos digitales declarados en un proceso de regularización patrimonial.
Para muchos observadores, el movimiento no convierte a Bolivia en un nuevo “El Salvador bitcoiner”, sino que revela un enfoque pragmático y fiscal hacia las criptomonedas. No hay señales de que el gobierno pretenda adoptar Bitcoin como moneda nacional, integrarlo a las reservas o promover su uso minorista. La visión de Paz parece más técnica que ideológica: usar la tecnología sin abrazar el credo cripto.
De la prohibición a la adopción gradual
En junio de 2024, el Banco Central de Bolivia (BCB) levantó la prohibición que pesaba sobre las transacciones con activos digitales. Desde entonces, se autorizó su uso en canales electrónicos regulados, marcando el inicio de una modernización del sistema de pagos.
El impacto fue inmediato: el volumen de transacciones mensuales se duplicó frente al promedio de los 18 meses anteriores, según datos del propio BCB. Poco después, la banca privada empezó a moverse. En octubre de ese año, Banco Bisa lanzó servicios de custodia de USDt (Tether) para instituciones financieras, una novedad en el país.
El fenómeno también alcanzó al sector productivo. En marzo, la estatal YPFB exploró el uso de criptomonedas para importar energía ante la falta de dólares. Y para septiembre, marcas como Toyota, Yamaha y BYD ya aceptaban pagos en USDT a través de sus distribuidores locales. Lo que comenzó como un experimento financiero terminó penetrando en la economía real.
Incluso el propio banco central boliviano firmó un memorando de entendimiento con El Salvador el 31 de julio de 2024, calificando a las criptomonedas como una “alternativa viable y confiable” al dinero fiduciario. A mitad de año, el BCB reportó 294 millones de dólares en transacciones cripto acumuladas, con un promedio mensual de 46,8 millones.
El plan de Rodrigo Paz encarna esa tensión entre esperanza tecnológica y escepticismo histórico.
La Blockchain puede ofrecer trazabilidad, pero no puede reemplazar la voluntad humana de rendir cuentas. Aun así, en un país cansado de los mismos patrones, la idea de que el código pueda limpiar el poder resulta, al menos, tentadora.