Según ShibDaily, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha recomendado una pena de 20 años de prisión para Alex Mashinsky, exdirector ejecutivo de la ya extinta plataforma de criptomonedas Celsius. Esta recomendación se produce tras la participación de Mashinsky en un importante esquema de fraude que provocó que los usuarios de Celsius perdieran el acceso a aproximadamente 4700 millones de dólares en criptoactivos. La plataforma cesó los retiros el 12 de junio de 2022, lo que marcó el inicio de su colapso, siendo las acciones de Mashinsky un factor clave en las dificultades financieras que enfrentan sus usuarios.

En un memorando de sentencia del 28 de abril, el gobierno estadounidense destacó las actividades fraudulentas de Mashinsky, que no solo resultaron en pérdidas sustanciales para los inversores, sino que también le permitieron obtener beneficios personales. En diciembre de 2024, Mashinsky se declaró culpable, admitiendo su participación en el esquema que causó pérdidas de 550 millones de dólares a los inversores y le generó 48 millones de dólares en ganancias personales. El memorando detalló cómo Celsius se declaró en bancarrota en 2022, revelando que la empresa no podía devolver los depósitos de los clientes. Se descubrió que Mashinsky había tergiversado las operaciones de la empresa, había declarado falsamente su rentabilidad y había expuesto los fondos de los clientes a préstamos sin garantía y apuestas de mercado no reveladas, contrariamente a lo que les había asegurado.

El Departamento de Justicia (DOJ) también descubrió que Celsius incurrió en prácticas crediticias arriesgadas, realizó inversiones especulativas y utilizó fondos de clientes para inflar artificialmente el valor de su token nativo, CEL. Las acciones de Mashinsky incluyeron manipular el precio de CEL, crear una falsa impresión de demanda y obtener ganancias vendiendo sus tokens CEL a precios inflados. El DOJ argumentó que la conducta delictiva deliberada de Mashinsky y su falta de remordimiento justifican una sentencia severa. El departamento enfatizó que una pena de prisión prolongada es necesaria para reflejar la gravedad de sus delitos, hacer cumplir la ley, garantizar un castigo apropiado y disuadir a otros de participar en actividades fraudulentas similares.