Según Cointelegraph, un tribunal del Reino Unido ha condenado a dos hombres a un total de 12 años de prisión por orquestar un esquema fraudulento de criptomonedas que defraudó a víctimas por más de 1,5 millones de libras esterlinas (2 millones de dólares). La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) anunció que Raymondip Bedi y Patrick Mavanga recibieron sus sentencias en un tribunal del centro de Londres tras declararse culpables de múltiples cargos en noviembre. Bedi fue condenado a cinco años y cuatro meses, mientras que Mavanga recibió una condena de seis años y seis meses.
La FCA reveló que, entre febrero de 2017 y junio de 2019, Bedi y Mavanga participaron en una operación de llamadas en frío que dirigía a las víctimas a un sitio web de aspecto profesional que prometía altos rendimientos en inversiones falsas en criptomonedas. Esta estafa estafó al menos a 65 inversores, lo que resultó en pérdidas superiores a 1,54 millones de libras esterlinas (2,1 millones de dólares). Los fondos se canalizaron a través de empresas operadas por el dúo, como Astaria Group LLP, CCX Capital y clones autorizados de Ian Buckley Financial Services y Capital Partners Group.
Durante la sentencia, el juez Griffiths del Tribunal de la Corona de Southwark describió a Bedi y Mavanga como "actores clave" de la conspiración, que persuadió a las víctimas a invertir en una consultora fraudulenta de criptomonedas. El juez señaló que ambos conspiraron para explotar el sistema regulatorio. Steve Smart, director ejecutivo adjunto de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, declaró que ambos "defraudaron despiadadamente a docenas de víctimas inocentes" y que sus condenas de prisión estaban justificadas.
Los dos hombres fueron acusados inicialmente en abril de 2023. En noviembre del año anterior, la FCA informó que Bedi se declaró culpable de conspiración para defraudar, blanqueo de capitales y conspiración para infringir la legislación sobre servicios financieros del Reino Unido. Mavanga también se declaró culpable de conspiración para defraudar y conspiración para infringir la legislación financiera, además de posesión de documentos de identidad falsos con mala intención. Además, fue condenado por un jurado por prevaricación al borrar grabaciones de llamadas telefónicas tras el arresto de Bedi en marzo de 2019. Un tercer acusado, cuyo nombre no se ha revelado, se enfrentó a un nuevo juicio en septiembre, mientras que Rowena Bedi, otra persona acusada en relación con el esquema, fue absuelta del cargo de blanqueo de capitales.