Según Cointelegraph, el fundador de la startup de blockchain Amalgam Capital Ventures, Jeremy Jordan-Jones, ha sido acusado por un gran jurado de EE. UU. por cargos de defraudar a los inversores por más de $1 millón. La acusación, anunciada por el Departamento de Justicia el 21 de mayo, incluye cargos de fraude electrónico, fraude de valores, hacer declaraciones falsas a un banco y robo de identidad agravado.
El fiscal de EE. UU. de Manhattan, Jay Clayton, declaró que Jordan-Jones promovió su empresa como una innovadora startup de blockchain, pero supuestamente era una operación fraudulenta. Los fondos de los inversores fueron utilizados, según informes, para mantener su estilo de vida extravagante. El director adjunto del FBI, Christopher Raia, acusó a Jordan-Jones de engañar a los inversores con falsas afirmaciones sobre las capacidades, asociaciones y planes de inversión de su empresa, lo que resultó en la malversación de más de $1 millón.
La acusación, presentada en un tribunal federal de Manhattan, detalla que desde enero de 2021 hasta noviembre de 2022, Jordan-Jones engañó a inversores e instituciones financieras con documentos falsificados, falsas asociaciones deportivas y declaraciones engañosas. Amalgam Capital Ventures supuestamente ofreció sistemas de punto de venta y soluciones de pago y seguridad basadas en blockchain, pero la acusación afirma que la firma no tenía productos operativos, pocos clientes y ninguna asociación comercial legítima.
En lugar de invertir en el desarrollo de tecnología y en listados de intercambio de criptomonedas como se prometió, Jordan-Jones supuestamente gastó los fondos en vehículos de lujo, vacaciones de alto nivel, ropa y cenas en Miami. Además, se le acusa de presentar un estado de cuenta bancario falso para obtener una tarjeta de crédito de la empresa, afirmando falsamente que Amalgam tenía más de $18 millones, mientras que la cuenta había sido cerrada a finales de 2021.
Los cargos contra Jordan-Jones conllevan penas severas, con fraude electrónico y fraude de valores que potencialmente pueden resultar en hasta 20 años de prisión por cada cargo. Hacer declaraciones falsas a un banco conlleva una pena de hasta 30 años, y el robo de identidad agravado tiene una sentencia obligatoria de dos años. El gobierno también busca la confiscación de cualquier propiedad o dinero vinculado al fraude, incluidos activos sustitutos si los fondos originales no están disponibles.